07 May 2007

Continúa la impunidad en crímenes contra periodistas

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1992 – 2006: INFORME SOBRE IMPUNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD PRENSA EN COLOMBIA Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador.
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Continúa la impunidad en crímenes contra periodistas 3 de mayo de 2007 Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP 1992 – 2006: INFORME SOBRE IMPUNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD PRENSA EN COLOMBIA Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador. Los datos provienen de tres investigaciones adelantadas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP: la primera, sobre los asesinatos de 50 periodistas ocurridos entre enero de 1995 y diciembre de 2001 ; la segunda, sobre violaciones a la libertad de prensa entre 2002 y 2004 (incluidas amenazas contra la integridad de periodistas, agresiones, secuestros y obstrucciones a la labor, entre otras), y la tercera, unas peticiones de información durante 2006, para el seguimiento de las dos primeras . De un registro de 98 casos de homicidios de periodistas en el periodo señalado, 22 permanecen en etapa preliminar o de investigación, mientras seis fueron suspendidos por faltas procesales o precluidos por ausencia de pruebas; dos investigaciones que comenzaron en 1999 se encuentran pendientes de sentencia desde 2002; seis fallos absolvieron a los sindicados, y tres de ellos terminaron con condenas: dos para los autores materiales y únicamente una para el autor intelectual del hecho. En el 61% de los casos, las autoridades no suministraron información sobre el proceso. La siguiente tabla general resume esta información (ver tabla detallada al final del documento): Los procesos judiciales por casos diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas. Las amenazas registradas por la FLIP , por ejemplo, aumentaron 64% de 2004 a 2005, y 20% de 2005 a 2006. La siguiente gráfica resume la evolución de las amenazas en los últimos cinco años: Uno de los casos emblemáticos de amenazas a periodistas es el de Daniel Coronell, director del noticiero de televisión Noticias Uno. En mayo de 2005, el periodista recibió dos coronas fúnebres en la antigua sede del noticiero. Una de ellas lamentaba su muerte y la otra, la de su esposa e hija. Posteriormente recibió amenazas a través de su correo electrónico, las cuales rastreó para determinar el autor. En una columna de opinión, publicada el 25 de junio de 2005 en la revista ‘Semana’, el periodista denunció públicamente que los correos electrónicos provenían del computador personal del ex senador Carlos Náder, quién – aseguró Coronell – es amigo cercano del presidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía citó a Náder para que rindiera versión libre sobre los hechos, pero el proceso no presenta avances significativos, y se han denunciado irregularidades en su desarrollo. Los constantes hostigamientos contra el periodista lo obligaron a exiliarse en agosto de ese mismo año. De esta forma, si bien los homicidios de periodistas por razones de oficio (ver gráfica) han disminuido en los últimos años, indicadores que van en aumento , como las amenazas, muestran una impunidad total. Frente a este escenario, grupos armados, bandas de criminales e, incluso, funcionarios públicos acuden a mensajes intimidatorios, correos electrónicos o ‘regalos’ macabros para silenciar sutilmente a los periodistas. Resulta claro que no les llegará reprensión judicial alguna. A continuación se hace referencias a los pocos casos de homicidio donde existe alguna clase de sentencia condenatoria: Jaime Garzón El 13 de agosto de 1999 fue asesinado Jaime Garzón cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet en Bogotá. Dos sicarios acabaron con la vida de uno de los periodistas más apreciados en el país. El proceso judicial culminó el 11 de marzo de 2004, en medio de diversas irregularidades, con la condena del comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil como autor intelectual del hecho. El fallo nunca se hizo efectivo, y el mismo año de la decisión judicial el líder paramilitar fue asesinado – según las autoridades – por miembros del mismo grupo ilegal. Adicionalmente, el fallo ordenó a la Fiscalía General de la Nación la reapertura de la investigación, así como compulsar copias a las autoridades para que se investigue la conducta de los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que efectuaron las pesquisas. Orlando Sierra El primero de febrero de 2002 murió el subdirector del diario ‘La Patria’ de Manizales, Orlando Sierra, luego del atentado en su contra, dos días antes. Desde el comienzo, la investigación de la Fiscalía se caracterizó por su lentitud, a pesar de la aparente contundencia de las pruebas. En mayo de 2005 fueron condenados a 28 años de prisión Luis Miguel Tabares, alias ‘Tilín’, y Luis Arley Ortiz, alias ‘Pereque’, como coautores materiales. Luis Fernando Soto, quien disparó contra el comunicador, recibió una condena de 19 años y seis meses. Soto fue grabado por una cámara de seguridad de la zona. Luego de este fallo, la Procuraduría pidió a la Fiscalía ahondar la investigación acerca de los autores intelectuales. En septiembre de 2006 fue llamado a rendir versión libre el director del Partido Liberal en Caldas y ex diputado Ferney Tapasco González, señalado por algunos testigos como autor intelectual del homicidio del periodista. Desde su columna 'Punto de Encuentro', Sierra cuestionó en repetidas ocasiones a Tapasco por su gestión como funcionario público. Sobre el político liberal pesan otras dos investigaciones penales en el departamento. El fiscal que lleva el proceso le dijo recientemente al diario ‘La Patria’ que el caso no presenta nuevos avances: "no se han tomado nuevas decisiones; se siguen estudiando los informes". Cinco años después del asesinato de Orlando Sierra, el crimen continúa en la impunidad Efraín Varela El 28 de junio de 2002 fue asesinado Efraín Varela, director y propietario de la emisora Meridiano 70. Varela, quien además trabajaba como abogado y defensor de derechos humanos, era el periodista con mayor influencia en Arauca. Desde el comienzo, al crimen fueron vinculados miembros de las autodefensas ilegales y algunas versiones de testigos señalaban entre ellos a alias ‘Félix Cruz Bata’. Posteriormente, se dijo que había sido dado de baja en un combate con el Ejército cerca del municipio de Arauca. No obstante, la Fiscalía no tiene conocimiento de la muerte del presunto asesino. En febrero de 2007, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca condenó a trece años y a una indemnización de 130 millones pesos a Andrés Darío Cervantes Montoya, después de que éste confesó que había participado en el asesinato del periodista. Cervantes Montoya hacía parte del bloque ‘Vencedores de Arauca’ de las Autodefensas, y se acogió a sentencia anticipada. Afirmó ser el autor material y haber estado bajo las órdenes de ‘Félix Bata’. Esta agrupación ilegal, de más 500 hombres, se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005. Aún no hay condenas judiciales contra los autores intelectuales del crimen. Gustavo Rojas Gabalo El 4 de febrero de 2006, cuando el periodista ingresaba a un supermercado de la ciudad, un hombre se le acercó y le propinó dos disparos. El 20 de marzo, después de una larga convalecencia, murió en la Clínica Saludcoop en Medellín, Antioquia. En abril pasado, la Fiscalía, con el apoyo de la Sijín de Córdoba, capturó a tres de los presuntos autores materiales del asesinato de Rojas Gabalo. Según el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jaime Orlando Velasco, dos de ellos son desmovilizadas de las autodefensas. Uno de ellos, que al parecer baleó al periodista, fue identificado como Ramiro Antonio Berrío Beltrán, conocido como 'El Guajiro'. El segundo detenido es José Manuel Pérez Jiménez, alias 'El Pambe', sobre quien pesan cuatro órdenes de captura, tres de ellas por homicidio. El tercer capturado es Santiago Luna Primera, conocido como 'El Negro'. Las autoridades afirman que aún falta capturar a un cuarto involucrado. Testigos afirmaron que el pasado cuatro de febrero de 2006, 'El Guajiro' fue quien abordó al locutor y luego dediscutir con él durante algunos minutos sacó el arma y le propinó dos disparos. Luego del atentado huyó en una moto conducida por otro hombre. Más adelante se encontró con dos desconocidos más y huyeron por la vía que conduce al corregimiento de Guateque. En la rueda de prensa donde presentaron a los capturados, Berrío Beltrán aseguró que era inocente. El proceso no presenta avances desde entonces. En repetidas oportunidades los representantes de los periodistas ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo del Programa de Protección para Periodistas del Ministerio del Interior (CRER), han manifestado su preocupación por la ausencia de avances judiciales que acompañen las medidas físicas de protección proporcionadas a los comunicadores en riesgo. El 9 de febrero de 2006, el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, anunció la creación de un comité conformado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Policía Judicial para acelerar las investigaciones sobre amenazas y agresiones a periodistas. La Policía también se comprometió a revisar los casos relevantes en zonas como Santander, Norte de Santander y Costa Atlántica, y a brindar un mayor acompañamiento a los periodistas en todo el país. De la misma manera, el vicepresidente se reunió el 17 de julio de 2006 con los representantes de la sociedad civil ante el CRER. Allí presentó la propuesta ‘Proyecto de política pública en materia de protección del gobierno nacional’. Éste contempla, entre otras, la conformación de una Central de Inteligencia Especializada de Amenazas a través del Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad de Justicia del Departamento Nacional de Planeación y el DAS. Si bien la FLIP registró positivamente ambas iniciativas, y se ofreció para hacerles acompañamiento, hasta la fecha no se han traducido en avances concretos en términos de impunidad. Tanto la FLIP como otras organizaciones han reiterado que la medida más urgente es la reactivación de la Subunidad Investigativa de Crímenes contra Periodistas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Es fundamental tener una instancia especializada en los delitos contra periodistas, para que cumpla, entre otras, las siguientes funciones: monitorear los procesos en las regiones; ordenar el traslado de aquellos que puedan estar siendo manipulados; investigar casos directamente, y servir como escenario de coordinación de las políticas de protección decididas en el CRER. Sin desconocer los logros en materia de protección, el Estado debe propender por una política integral de reacción frente a las violaciones a la libertad de prensa. Solamente generando precedente judiciales se demostrará la importancia de la libertad de información en el país, y la especial protección que gozan quienes ejercen este derecho fundamental. Anexo - Estado de las investigaciones por homicidio de periodistas 1992- 2006 Comentarios - 1993: El proceso en el que se absolvió a uno de los sindicados se había terminado en la etapa de inhibición o suspensión respecto a otro (aparece el ‘1’ entre paréntesis). - 1997: el proceso que terminó en la etapa de inhibición o suspensión ordenó que el proceso regresara a la etapa de investigación. - 1998: el proceso que terminó en la etapa de inhibición o suspensión ordenó el traslado del proceso respecto de uno de los sindicados, que era menor de edad. Una de las sentencia absolutorias está en trámite de apelación; la otra esta en instancia de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. - 1999: los dos procesos que estaban en la etapa de investigación regresaron a ésta después de la orden de los jueces competentes. Los dos procesos en etapa de juzgamiento están pendientes de que se emita sentencia. Uno de los casos donde hubo sentencia, absolvió a uno de los sindicados y condenó al otro. - 2002: Una de la sentencias ordenó el regreso del proceso a la etapa de investigación. Notas Elaborada en 2002 en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. En el noviembre del año pasado, la FLIP elevó requerimientos formales de información ante la Unidad de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Fiscalías para completar los casos y actualizar los avances dentro de las investigaciones. Estas dependencias, a su vez, tramitaron el requerimiento ante las seccionales correspondientes. Preclusión: terminación del proceso en cualquier momento de la investigación o una vez terminada la etapa de instrucción cuando no exista mérito para proseguir a la etapa de juicio, de acuerdo a las siguientes causales; a) vencimiento de términos para la etapa de instrucción. En caso de que el cierre de la investigación se haya producido por vencimiento del término de instrucción o por la imposibilidad de recaudar o practicar pruebas, la duda se resuelve en favor del procesado. b) Que se demuestre la inexistencia del hecho investigado, que el imputado no ha intervenido en la comisión del hecho, que el hecho no se ajuste a la descripción penal de un delito (atipicidad) o que existe una causal excluyente de responsabilidad penal. c) La imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, o la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Amenaza: intimidación directa con el anuncio o insinuación de la provocación de un mal grave para el periodista o su familia. Constreñimiento para que el periodista haga, tolere u omita alguna conducta que tengo efecto en su oficio. La FLIP registra casos de amenazas. El número de víctimas es mayor, en el caso – por ejemplo – de amenas colectivas.

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