29 January 1998

SIP PREOCUPADA POR RESOLUCION DE PODER JUDICIAL COSTARRICENSE SOBRE DEBATE PRESIDENCIAL

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Miami (30 de enero) - La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó su preocupación ante la rama judicial de Costa Rica por la decisión tomada para resolver un recurso de amparo en la cual se impidió que una serie de medios de comunicación organizaran un debate entre los dos principales candidatos a la presidencia del país.

La SIP además consideró que dicha medida debilita el libre ejercicio del periodismo independiente. En una misiva enviada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Danilo Arbilla al magistrado Rodolfo Piza Escalante, presidente interino de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense, se consignó que "nos alarma que en una nación de larga tradición democrática como Costa Rica el más alto tribunal en materia constitucional intervenga, mediante una virtual censura, en las decisiones editoriales de órganos de prensa".

La misma se refiere al fallo emitido por el poder judicial de ese país en el que se privó a ocho medios de comunicación de organizar un debate sólo con los dos candidatos mayoritarios de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, y en su lugar se ordenó que de realizarse debería incluir a los trece aspirantes a la presidencia. La resolución fue tomada luego de que uno de los postulantes de los otros partidos a la primera magistratura del país para las elecciones que se realizarán el próximo domingo, interpusiera un recurso de amparo contra el debate. Arbilla, director del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, añadió que este hecho "sorprende aún más porque, al intervenir en las decisiones autónomas de los medios organizadores del debate, se privó a los ciudadanos de conocer una información vital en cualquier proceso electoral: las ideas de quienes pueden llegar a ser presidente de la república". Agregó que "resoluciones de este tipo, además del negativo efecto inmediato que tienen sobre la libertad de prensa y los derechos públicos, crean condiciones para otras amenazas futuras y, de este modo, debilitan el ejercicio del periodismo libre e independiente, requisito indispensable para la democracia".

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