MIAMI (Marzo 27)- La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó su preocupación y alarma por el fallo de un tribunal de la Argentina que impuso una alta sanción pecuniaria a Editorial Perfil de ese país, ante una demanda del presidente Carlos Menem.
Editorial Perfil fue condenada por la Justicia -en fallo dividido- a pagar 150.000 pesos (igual valor en dólares estadounidenses) en concepto de daño moral al presidente Menem, en una causa por intromisión a la intimidad, iniciada por el primer mandatario a raíz de la publicación en la revista Noticias, en febrero de 1994, de la existencia de un presunto hijo extramatrimonial del Jefe de Estado.
Referente a este fallo que originó un amplio debate sobre la intimidad de las personas públicas vs. la libertad de prensa, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Danilo Arbilla, expresó que "los funcionarios públicos saben que están sometidos al juicio de la opinión pública cuando se postulan para ocupar un cargo y que su vida privada pasa a ser pública en cuanto dejan de ser ciudadanos comunes".
Arbilla añadió que "los funcionarios deben tener en cuenta que cuando se presentan a la ciudadanía para ser elegidos, están aceptando que sus actuaciones sean transparentes y tengan toda la publicidad necesaria a sus efectos. Por lo tanto, sancionar a un medio por publicar detalles de la vida privada de un funcionario es un castigo y una evidente agresión a la libertad de expresión. Salvo en casos muy excepcionales, este tipo de medidas constituye una violación a la libertad de prensa y al derecho a la gente a informarse".
Haciendo un paralelismo con el caso del presidente Bill Clinton, Arbilla señaló que "si el gobierno y la justicia norteamericana procedieran como en Argentina, la mayoría de los medios ya estarían quebrados por publicar presuntas actitudes privadas del presidente Clinton. Sin embargo, el pueblo norteamericano como el argentino, tienen el mismo derecho para exigir y saber qué hacen sus funcionarios".
Por último, Arbilla expresó que en resoluciones emanadas de la Junta de Directores de la SIP en su reciente reunión de Puerto Rico, se manifiesta la alarma ante "las elevadas indemnizaciones ordenadas a las empresas periodísticas por la justicia" lo que se "convierte en un instrumento de coacción y de autocensura y capaces de paralizar económicamente a los medios condenados".