Miami (3 de abril) - La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, urgió nuevamente al gobierno de Guatemala a detener las hostilidades contra diversos medios de comunicación y deploró la utilización de recursos humanos y económicos del Estado para limitar la libertad expresión y de prensa e intimidar a los periodistas.
El nuevo reclamo público de la SIP al gobierno de Guatemala, en menos de una semana, tiene su origen en un memorándum gubernamental denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país, en el que se insta a funcionarios y agencias del gobierno a no brindar información, hacer declaraciones u otorgar publicidad oficial a la revista Crónica y al diario El Periódico. El memo señala que "por el contrario hay total libertad de contratar espacios en medios de comunicación radial y televisivo".
Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, demandó al gobierno de Alvaro Arzú "a retomar el camino de la democracia y la paz alcanzada recientemente, en donde la existencia y vigencia de la libertad de expresión y de prensa son sus pilares".
La SIP hizo notar que desde principios de 1997 viene denunciando ante el presidente Arzú un clima de intolerancia contra aquellos medios de prensa que critican la acción de gobierno.
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, explicó que "estamos frente a una situación muy grave para la libertad de prensa, ya que aquí no pierden Crónica ni El Periódico, sino el pueblo de Guatemala a quien se le niega el derecho de acceder a una información diversificada y pluralista, a través de los medios de su elección". Arbilla añadió que la acción del Estado de negar, omitir o no dar acceso a los periodistas a la información y castigar o premiar a los medios con publicidad oficial, son elementos opuestos a la libertad de prensa y prácticas de intimidación que deben ser desterradas para que exista una verdadera democracia.
La SIP también manifestó su preocupación por el hecho de que el procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, haya sido visitado ayer por doce personas del telenoticiero estatal Avances, quienes -según denuncia del procurador- trataron de intimidarlo para que se retractara sobre una resolución en la que acusó al presidente Alvaro Arzú de violar la libre emisión de pensamiento y hostigar a los medios de comunicación.
El clima de tensión entre el gobierno y los medios de comunicación de Guatemala ha sido más evidente desde que la revista Crónica anunció semanas atrás que cerraría sus puertas en protesta por la campaña de hostigamiento del presidente Arzú, la que se evidencia, entre otras cosas, por las presiones gubernamentales contra compañías privadas para que no se anuncien en Crónica ni en El Periódico.
El texto parcial del memorándum gubernamental UCRI-1-98, en el que se apoya la denuncia de la Procuraduría, y que fuera publicado en medios locales, establece que: "a) Queda estrictamente prohibido para las instituciones del gobierno, contratar suscripciones de periódicos, revistas, boletines o cualquier otro medio escrito. b) No se puede publicar nada en revista Crónica y el Periódico, aunque éstas fueran gratuitas; por el contrario hay total libertad de contratar espacios en medios de comunicación radial y televisivo, y realizar conferencias de prensa o entrevistas públicas. No así con los medios escritos, especialmente Crónica y el Periódico, a quienes no se concederán entrevistas exclusivas".