Informe del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Montevideo, Uruguay
En un mundo contradictorio, confuso y conflictivo, donde los liderazgos democráticos se muestran debilitados y escasamente capacitados para conducir los asuntos públicos por el sendero de la libertad, la libertad de expresión está sufriendo embates de todo tipo, algunos de ellos impensables hace pocos años atrás.
Una estadística elaborada por Freedom House nos muestra, descarnadamente, cómo los avances de la ciencia y la tecnología (y estoy hablando de Internet, de Google, de Twitter y de Facebook) no necesariamente siempre son sinónimo de progreso: apenas el 14% de la población mundial (es decir, uno de cada siete habitantes de la Tierra) vive en sociedades donde existe plena libertad de expresión. Todos los demás (el 86% de los seres humanos) afronta restricciones a ese derecho humano básico y fundamental, con gradaciones que van desde la industria de las demandas civiles para provocar la censura, hasta la decapitación lisa y llana de los periodistas.
Nuestro hemisferio no es, ni mucho menos, una isla de la felicidad en este mar de intolerancia y degradación.
En Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución permanece bajo ataque desde los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, a raíz del sistema de vigilancia masiva que aplican los servicios de seguridad sobre los ciudadanos y de la persecución judicial de periodistas y de sus fuentes informativas.
Y en América Latina, los capos mafiosos del narcotráfico sienten cada día más impunidad para continuar asesinando reporteros en forma salvaje como consecuencia de la casi absoluta inoperancia de todos los gobiernos para frenar esta verdadera matanza de personas y, sobre todo, esta verdadera matanza de informaciones y opiniones que esas personas querían transmitir al resto de la sociedad.
Solamente en el último semestre, 11 periodistas han sido víctimas de atentados que acabaron con sus vidas: 3 en Honduras, 3 en Paraguay, 2 en México, 1 en Perú, 1 en Colombia y 1 en El Salvador.
Pese a todas las denuncias públicas, advertencias nacionales e internacionales y recomendaciones de los organismos multilaterales encargados de velar por la vigencia de los derechos humanos, un conjunto nada desdeñable de gobiernos latinoamericanos, supuestamente legítimos, han resuelto definitivamente hacerse los sordos ante un clamor que se encajona en las oficinas de los censores oficiales. Los “Ministerios de la Verdad” imaginados por Orwell en su famosa novela “1984”, están en pleno funcionamiento en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina y, por supuesto, en Cuba.
Mientras tanto, las sociedades democráticas de la región, con gobiernos mucho más respetuosos de la libertad de expresión que los de los aspirantes a “líderes eternos” (como Fidel y Raúl Castro, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega), esas sociedades mucho más democráticas también albergan en su seno a sectores más o menos importantes que aspiran a replicar el sistema “bolivariano” de censura en Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Haití y las islas del Caribe. Basta una conducta desaprensiva en estas sociedades, que no dé importancia a este peligro latente, para que los ejércitos de la censura puedan sumar nuevos “peones” en este juego de ajedrez donde algunos empiezan la partida con tres reinas, cuatro torres, cinco caballos y, desde ya, un rey intocable.
En la SIP nos preocupa especialmente el concurso de vastos sectores empresariales que, en los hechos, se han convertido en cómplices de los gobiernos predadores de la libertad de expresión. En Argentina y en todos los países “bolivarianos”, es moneda corriente la aparición en el escenario del periodismo, de hombres y mujeres de negocios que hacen acuerdos espurios con el poder para adquirir medios de comunicación masivos y colocarlos al servicio de los gobiernos, a cambio de suculentas pautas publicitarias y de contratos con el Estado en áreas tan variadas como la construcción de puentes y carreteras o la explotación de casinos.
Es particularmente chocante en este sentido el imperio transnacional que un magnate mexicano ha conseguido montar en casi todos los países de la región, adquiriendo emisoras de radio y televisión privadas cuya primera directiva es no molestar al poder y excluir de la grilla en todo lo posible las investigaciones periodísticas incisivas que puedan poner en aprietos a los gobernantes.
Los vicepresidentes regionales de esta Comisión, que cada semestre cumplen con el arduo trabajo de monitorear y reportar las violaciones a la libertad de expresión en cada uno de sus países, podrán exponer con más detalle a lo largo de esta sesión cuáles son los principales problemas y amenazas.
Pero, a guisa de ejemplo, digamos que la censura ha paseado con comodidad por Brasil, con sentencias judiciales que impiden la circulación de revistas y de libros; la censura ha echado sus raíces en Ecuador, donde la llamada “ley orgánica de comunicación” está haciendo estragos y ya se ha cobrado demasiadas víctimas; la censura se ha asentado como práctica normal en Venezuela, donde los diarios no tienen papel para existir y los medios extranjeros son directamente expulsados del país cuando disgustan al chavismo; la censura muestra toda su altanería en Bolivia, donde los candidatos de la oposición enfrentaron serias restricciones judiciales y legales para aparecer en los medios durante las recientes elecciones que ganó Evo Morales para permanecer en el poder hasta el año 2020, por lo menos; y la censura exhibe su impudicia en Argentina mediante una aplicación discriminatoria de la “ley de servicios audiovisuales”.
La censura también asoma su feo rostro en Colombia y Haití, con amenazas para regular por ley el derecho humano a expresarse libremente; y, claro está, la censura se está metiendo como flecha en el mundo digital, cuya rápida regulación para limitar el flujo informativo está siendo reclamada hoy por los países más autoritarios del mundo. En México y Argentina ya fueron clonadas las versiones digitales de dos medios, y en Perú, Argentina, México, Venezuela y Guatemala redes sociales como Facebook y Twitter son empleadas con frecuencia para atacar a medios y periodistas, en algunos casos desde estamentos oficiales y en otros casos desde grupos delictivos.
La batalla es siempre complicada porque los enemigos de la libertad de prensa son muy activos. Durante la última reunión del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, el gobierno del señor Correa intentó hacer aprobar una resolución para recomendar a todos los gobiernos que leyes similares a la nefasta “ley mordaza” de Ecuador fueran sancionadas en cada país de la región. Una decidida oposición protagonizada principalmente por los periodistas panameños impidió esta vez que el señor Correa se saliera con la suya. Pero sólo por esta vez. Ya vendrán nuevas andanadas para las que tenemos que permanecer con los ojos bien abiertos.
Las leyes de acceso a la información pública son, en la mayoría de los casos, letra muerta, porque los gobiernos interponen demasiadas excepciones para impedir la divulgación de datos que la sociedad tiene derecho a conocer. Esto está ocurriendo en países tan variados como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.
Permítanme finalizar con este recuerdo.
En el año 1998, algunos senadores de Estados Unidos propusieron reformar la Constitución para castigar penalmente a quienes quemaban banderas de ese país como forma de protesta. Los diarios de Estados Unidos se opusieron unánimemente a esa enmienda. Cuando en 1999 el debate estaba en pleno apogeo, los senadores que trabajaban en la reforma pidieron al general Colin Powell, quien acababa de retirarse del Comando de las Fuerzas Armadas de su país, una opinión sobre si estaba de acuerdo en castigar a los quemadores de banderas.
El general Powell respondió así: “Yo amo a nuestra bandera, a nuestra Constitución y a nuestro país con un amor que no tiene límites. Defendí a los tres durante treinta y cinco años como soldado y estuve decidido a dar mi vida en su defensa. Los norteamericanos reverencian su bandera como un símbolo de la nación. Con justicia nosotros nos sentimos insultados cuando cualquiera ataca o profana nuestra bandera. Pocos norteamericanos hacen esas cosas y, cuando lo hacen, quedan sujetos a una justa condena de sus compatriotas. Pueden estar destruyendo un pedazo de trapo, pero no hacen ningún daño a nuestro sistema de libertad que tolera esa profanación para perseguir a alguien por profanar tontamente su propia propiedad (…). Comprendo cuán fuertes son los sentimientos de tantos de mis veteranos camaradas de armas respecto a la bandera y comprendo la poderosa inclinación en las legislaturas estatales para hacer enmiendas como esta. Yo tengo el mismo sentimiento de ultraje. Pero no estoy de acuerdo con enmendar la Constitución para mitigar esa injuria. La Primera Enmienda existe para asegurar que la libertad de discurso y de expresión se aplique no sólo para aquello con lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo, sino también para lo que hallemos ultrajante. Yo no enmendaría ese escudo de la democracia para castigar a unos pocos miserables. La bandera todavía continuará flameando orgullosamente, mucho después de que ellos hayan desaparecido. Finalmente, me estremezco de pensar en el pantano legal que crearemos tratando de implementar el cuerpo de leyes que emergería de una enmienda de esa naturaleza. Si yo fuera un miembro del Congreso no votaría por la enmienda propuesta”.
Teniendo en cuenta cómo han evolucionado las cosas en cuanto a la libertad de expresión en el hemisferio, aquélla carta del general Powell parece haber sido escrita hace siglos. Sin embargo, el general Powell concibió aquél pensamiento hace apenas 15 años.
Está muy bien que discutamos cómo hacemos viables nuestras operaciones periodísticas en la era digital; está muy bien que busquemos nuevos modelos de negocios para sobrevivir en un mundo tan cambiante, porque el periodismo independiente sólo puede existir y prosperar si hay una base económica sólida que lo inmunice contra las presiones de los poderosos. Pero no perdamos de vista que ningún modelo de negocios funcionará si olvidamos cuál fue la razón original para que los fundadores de nuestros periódicos decidieran, muchos en el siglo XIX, crear un diario.
Si olvidamos que la prensa existe para acercar información y opiniones a la gente para que los ciudadanos sean más libres a efectos de adoptar sus propias decisiones, si olvidamos que el periodismo muchas veces implica poner en riesgo la propia libertad y, aún, la propia vida para cumplir con ese objetivo, entonces no nos salvará ni Google, ni Twitter, ni Facebook ni ninguna otra tecnología ya inventada o por inventarse.
Volver a las fuentes y recordar los orígenes de por qué estamos aquí hoy reunidos es la primera cosa que tenemos que hacer para que la lucha interminable por la libertad de expresión siga iluminando nuestras acciones y nuestro compromiso.
