Las difíciles relaciones entre la prensa independiente y el gobierno de Guatemala tuvo uno de sus puntos más tensos el miércoles 15 de enero cuando el organismo recaudador de impuestos, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que realizó una auditoría en la empresa editora Diarios Modernos encargada de la impresión del matutino Nuestro Diario, exigió documentos para extraerlos de las instalaciones, lo que de acuerdo a los afectados, viola el Artículo 24 de la Constitución de la República que garantiza la inviolabilidad de documentos. Posteriormente, una jueza confirmó dicho exceso y ordenó al organismo fiscal que se abstuviera de llevarse los documentos fuera de la empresa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, aseveró que durante los últimos dos años la prensa guatemalteca ha venido denunciando la existencia de un plan del gobierno para hostigar y minar la credibilidad de los periódicos. Esta situación se ha agravado por las constantes agresiones verbales públicas de las más altas autoridades que desestima la labor informativa de la prensa.
Molina, director de la revista dominicana Ahora, cuestionó también al titular del ente recaudador, SAT, quien arremetió contra la prensa escrita el mismo día en que tres diarios locales, Prensa Libre, elPeriódico y Nuestro Diario, denunciaron que el incidente en Diarios Modernos formaba parte del acoso gubernamental y constituía una violación a la Constitución.
Finalmente, Molina recordó que en septiembre de 2001 durante una misión
de la SIP a Guatemala, el presidente Alfonso Portillo firmó y se comprometió
a respetar la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios
sobre libertad de prensa, entre los que destacamos que los medios de
comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones
o favores en razón de lo que escriban o digan.
