Presidente de la SIP reclama que inclusión de Cuba al CARICOM esté sujeta a que ese país reconozca y respete la libertad de prensa y los derechos humanos.
MIAMI (Mayo 4) - La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su preocupación por las restricciones a la movilización de periodistas impuestas por los gobiernos de Cuba y de Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, pidió a la Comunidad de Gobiernos del Caribe (CARICOM, siglas en inglés) que no permita el ingreso de Cuba hasta que ese país no reconozca y respete la libertad de prensa y los derechos humanos.
El presidente de la SIP, Oliver Clarke, hizo esas declaraciones luego de que el gobierno cubano no permitiera la salida del país de dos periodistas independientes para participar del seminario "Los medios del Caribe: libertad y entendimiento". El evento, organizado por distintos grupos periodísticos del Caribe angloparlante y auspiciado por la UNESCO, se celebró este fin de semana en Kingston, Jamaica, en conmemoración del día Mundial de la Libertad de Prensa.
Clarke, gerente general del diario The Daily Gleaner de Jamaica, había invitado a Néstor Baguer y Raúl Rivero, este último vicepresidente regional por Cuba de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP, a asistir al seminario del que participaron 82 periodistas de 16 países del Caribe.
"Al tiempo que Cuba está siendo considerada para entrar al CARICOM, es esencial que promueva la libertad de prensa y permita a sus ciudadanos viajar y estar expuestos a procedimientos democráticos y de los derechos humanos, valores tradicionales de sus vecinos caribeños", dijo Clarke.
En otro tema, Clarke envió una carta al primer ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday, debido a que el gobierno negó la renovación del permiso de trabajo a Julian Rogers, un periodista de Barbados quien trabajaba en la cadena televisiva Caribbean Communication Network (CCN). En la misiva, Clarke se adhirió a una resolución que emanó del seminario de periodistas caribeños, en la que se "urge" al primer ministro Panday "a revertir su decisión y otorgar el permiso de trabajo correspondiente". El hecho de no renovar dicho permiso, según fuentes periodísticas, obedecería a represalias que el gobierno habría tomado contra la labor crítica de Rogers. Clarke condenó la acción del gobierno trinitario y concluyó que esa negación es contradictoria con los principios de la Declaración de Chapultepec que claramente especifican que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y difundirlas libremente. Nadie puede restringir o negar esos derechos".
