04 March 2009
Retroceso para federalizar crímenes
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP) deploró el retroceso que para la libertad de prensa y la libertad de expresión en México representan nuevas propuestas surgidas en la Cámara de Diputados federal, específicamente en la Comisión de Justicia, que preside el legislador César Camacho.
Reclama que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados desconoce el consenso alcanzado entre legisladores federales e instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la libertad de prensa y a los derechos humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP) deploró el retroceso que para la libertad de prensa y la libertad de expresión en México representan nuevas propuestas surgidas en la Cámara de Diputados federal, específicamente en la Comisión de Justicia, que preside el legislador César Camacho.
De acuerdo con un pre dictamen de esta Comisión, presentado a representantes de la SIP en días pasados, se desconoce el trabajo desarrollado por años por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados que encabeza el diputado Gerardo Priego, la que en noviembre pasado presentó una iniciativa de ley que permite llevar al ámbito federal las investigaciones judiciales en casos de ataques contra periodistas y a medios de comunicación. Esta iniciativa concitó el apoyo de los coordinares de fracción de la Cámara, que por ello la firmaron.
En diversas ocasiones, el diputado César Camacho ha hecho declaraciones que la SIP considera confusas sobre este tema, lo mismo anunciando la federalización de estos crímenes, que alegando que ello no es posible si antes no se reforma la Constitución mexicana, lo que discrepa no sólo de la iniciativa presentada por la comisión del diputado Priego sino de propuestas elaboradas desde el ámbito académico mexicano y de otras elevadas por editores del país.
En contraposición con estas posturas, la Comisión de Justicia ha elaborado una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, para disponer que se agraven las penas, con entre uno y cinco años de prisión adicional, contra aquellos que atenten contra periodistas, y sugiere una definición limitativa de "actividad periodística". Asimismo, restringe la posibilidad de que la autoridad federal intervenga en la indagación de estos hechos a sólo aquellos casos ocurridos en embajadas, consulados, embarcaciones, vuelos, el sujeto activo o pasivo del delito sea servidor público federal, entre otros.
"La Comisión Contra la Impunidad de la SIP, después de un análisis del pre dictamen y de entrevistas con el diputado Camacho y sus asesores jurídicos, estima que esta nueva iniciativa tendrá un efecto marginal y se orienta en un sentido del todo inútil para encarar el creciente número de informadores y medios de comunicación afectados por la violencia", estableció el presidente de esta Comisión, Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal de México.
El directivo periodístico apuntó que se trata de una propuesta del todo insuficiente", que incluso ignora los casos que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción, pero que han resultado empantanados dentro de la Fiscalía Especial creada al efecto, pues los reclamos de reformar la misma también están siendo soslayados.
En un escrito presentado a la Comisión de Justicia en una visita la semana pasada, directivos de la SIP argumentaron que conforme análisis realizados por juristas mexicanos, se hace una lectura equivocada, ya que la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión no pasa por la reforma al artículo 73 de la Constitución ni por la creación de un tipo penal abstracto y genérico, sino por el reconocimiento de los diferentes delitos ya existentes en la Ley Penal". Reiteraron, además, que estos delitos, cuando se cometen contra periodistas durante el ejercicio de la libertad de expresión, afectan a otros derechos fundamentales, como libertad de prensa y derecho a la información, siendo precisamente delitos federales. Tal es la letra y el espíritu, expresos y taxativos, de la Constitución, de los tratados internacionales y de la legislación secundaria.
Sobre las argumentaciones de la Comisión de Justicia en el sentido de que la federalización de los crímenes sería sólo alcanzable por una reforma constitucional, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, criticó adicionalmente que no se atienda las fundamentaciones hechas por el anteproyecto de ley de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, presentado el 21 de noviembre pasado con la firma de los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las agrupaciones políticas representadas en la Legislatura. Con ese proyecto recordó Santos se alcanzó el consenso, luego de meses de trabajo y de consultas, entre legisladores federales, juristas, periodistas y miembros de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, agregó que un grupo de 50 periodistas, editores y propietarios de medios de todo el país, convocados por la SIP en junio pasado en una conferencia nacional, presentaron en los debates de la Legislatura, propuestas de reformas que han sido asumidas en su mayoría por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Agregó que las mismas procuran la federalización en forma eficiente y práctica, respetando el marco jurídico, la Constitución, los tratados internacionales, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, las autoridades de la SIP lamentaron este sorpresivo retroceso al avance que se venía logrando y expresaron temor de que la Comisión de Justicia esté complicando una reforma que parecía venir a remediar un problema de violencia contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa.