MIAMI (Enero 7) -- La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, criticó una acción penal contra seis periodistas mexicanos, acusados por supuestos delitos electorales, estableciendo que la prohibición de publicar o difundir encuestas preelectorales constituye una censura a la libertad de información.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de México ejercitó acción penal contra periodistas de tres diarios de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, por haber publicado en columnas de opinión resultados de encuestas preelectorales durante el período de ocho días que antecede a una elección. El período de prohibición de publicación o difusión de encuestas está tipificado en el Art. 403 del Código Penal Federal y establece para el transgresor "diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años".
Los periodistas mexicanos afectados -- Prócoro Hernández, Oscar Mendoza, Gerardo Sandoval y Francisco Quezada del diario Tribuna de la Bahía; Raymundo García de El Sol-Siempre Libres y Roberto Aceves de Vallarta Opina -- presentaron un recurso de amparo a principios de este mes cuando se dictaron órdenes de aprehensión.
Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresó que toda prohibición al hecho de informar contraviene normas y fundamentos constitucionales, por cuanto la misma Constitución mexicana garantiza a todo ciudadano la "libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia" sin restricción alguna.
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, recalcó que "no está demostrado que la publicación de encuestas tenga influencia sobre los electores", en referencia a argumentos de legisladores de que las encuestas modifiquen la manera de votar de los electores. Agregó que "la prohibición de publicar es una medida de censura previa y restrictiva que constituye, sin más ni menos, una verdadera censura al derecho del público a la información.
Por último, Arbilla alentó a que se revise la normativa mexicana en ese sentido --tal la SIP lo viene exigiendo en otros países como Canadá, Costa Rica, Perú y Ecuador-- instando a que se permita la libre publicación de encuestas preelectorales.
